La Fiscalía PCyF N°5 Especializada en Ciberfraudes, a cargo de Miguel Ángel Kessler, solicitó la captura internacional de una docente de nivel inicial acusada de estafar a sus compañeras mediante el uso fraudulento de sus tarjetas de crédito y débito.

El caso comenzó cuando un grupo de docentes de una institución pública del barrio de Boedo advirtió consumos reiterados y desmedidos en sus tarjetas, todos realizados en comercios similares, lo que alertó sobre un patrón común. Ante la sospecha de fraude, las víctimas presentaron la denuncia correspondiente.

El fiscal Kessler instruyó a la investigación, delegando tareas al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, para rastrear las operaciones ilícitas y determinar la identidad de los responsables. Se logró reconstruir un total de 105 compras realizadas en comercios a la calle, plataformas de juego online, pasajes de avión y otras transacciones, que suman $3.688.287,67.

Mediante el análisis de los comercios involucrados y la información proporcionada por las entidades bancarias, se identificaron cuentas asociadas a los padres de la docente sospechada. En particular, se constató que las cuentas en plataformas de juego online fueron utilizadas para cargar dinero, multiplicarlo y luego extraerlo hacia cuentas de titularidad de los familiares.

A partir de los registros migratorios, se confirmó que la docente acusada viajó a Europa y no ha regresado al país, lo que motivó la solicitud de captura internacional por parte de la fiscalía.

En paralelo, el padre de la docente fue imputado por defraudación mediante uso de tarjeta magnética y acordó con la fiscalía un Acuerdo de Autocomposición. Gracias a ello, se restituyó el dinero defraudado en los 22 hechos que le correspondían, más intereses, por un total superior a $1.200.000.

La causa pone en evidencia la sofisticación de los delitos cibernéticos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y control de fraudes financieros, mientras las autoridades buscan garantizar que la docente acusada responda ante la justicia por los ilícitos cometidos.

Se espera que, una vez activada la captura internacional, la imputada pueda ser localizada y extraditada para enfrentar la causa que se sigue en su contra.