Doce personas detenidas en Argentina bajo la acusación de integrar una célula del grupo criminal venezolano “Tren de Aragua” aseguran que son inocentes y denuncian que no se les permite contar su versión ante la justicia. La situación generó críticas hacia la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por la manera en que se desarrolló el operativo y la falta de acceso a la defensa, según informó el abogado de los detenidos, José Maurente Baya.

El operativo conjunto, realizado con aval judicial, incluyó detenciones en la Ciudad de Buenos Aires, provincias de Buenos Aires y Corrientes, y fue coordinado por la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los acusados permanecen alojados en la cárcel de Marcos Paz, con prisión preventiva por presunto lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Entre los imputados se encuentra Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”, señalado como líder de la llamada Banda del Yiyi. Según el entorno del detenido, Boscán ingresó a Argentina en 2019 con documentación falsa y residía en un barrio cerrado de Corrientes. “Hasta ahora nada ha sido probado en juicio”, sostienen desde su entorno.

La investigación sostiene que la organización operaba en Argentina desde 2019, utilizando métodos sofisticados para lavar dinero y financiar actividades ilícitas, y que mantenía conexiones con otros países de la región. Durante los allanamientos se incautaron documentos, equipos electrónicos y dinero en efectivo, aunque los detenidos aseguran que no existen pruebas concluyentes que los vinculen con los delitos imputados.

Familiares y abogados denunciaron que los acusados iniciaron hace tres días una huelga de hambre colectiva para visibilizar lo que consideran una injusticia y reclamar ser escuchados por la justicia. “Con el discurso de un Tren de Aragua, todavía mantienen detenidos a 12 venezolanos inocentes sin condena. No son escuchados y nadie les permite contar su verdad”, indicaron.

El caso generó un fuerte debate sobre la intervención de las autoridades en casos de crimen organizado y el respeto a los derechos de los imputados, mientras organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles irregularidades en el proceso judicial. Se espera que en los próximos días la justicia evalúe medidas respecto a la huelga de hambre y considere la posibilidad de otorgar audiencias para que los detenidos puedan ejercer su derecho de defensa y exponer su versión de los hechos.