La iniciativa se remonta a una campaña electoral en 2021, cuando el entonces intendente Gonzalo Peluso anunció un plan para distribuir 230 lotes adquiridos para viviendas sociales, con el requisito de ser residente de Magdalena y de contar con un ingreso mínimo. Sin embargo, el programa avanzó con poca transparencia, y las tierras —ubicadas en el acceso a la ciudad— resultaron ser en realidad 144 lotes subdivididos para cumplir con las disposiciones de urbanización. La situación se complicó cuando, en 2023, algunas personas fueron llamadas para actualizar su documentación, aunque hasta el momento se trató solo de un reducido grupo que fue convocado para formalizar los trámites.

Para la concejal Camila Daca, de EPA Magdalena, el proceso es problemático desde sus inicios: “Nosotros cuestionamos que no hay ningún tipo de programa, ni nada escrito que determine cómo, cuándo ni bajo qué condiciones se van a asignar estos lotes. Nunca hubo un mecanismo de información claro, y eso genera una incertidumbre total en los vecinos”, manifestó en diálogo con este medio.

La oposición también denuncia que entre los 93 seleccionados se incluyen familiares de funcionarios locales, incluyendo concejales. Daca contó además que el acceso al listado de personas citadas para el loteo fue obstaculizado, y hasta ahora el municipio no respondió a ningún requerimiento de información. “Observamos que hay familiares directos de funcionarios y de concejales que van a votar mañana. Claramente, hay un conflicto de intereses enorme, y eso explica por qué nos negaron la documentación durante tanto tiempo”, comentó la edil.

Además, existe una controversia por la validez de la ordenanza que se tratará en la sesión especial de este jueves en el Concejo de Magdalena. La oposición argumenta que la medida contradice el reglamento del loteo original y no incluye un procedimiento equitativo para todos los inscriptos. Daca afirmó que la propuesta actual es un “cheque en blanco para que el municipio disponga de las tierras a su antojo”, y añadió que “la ordenanza establece un procedimiento macro” para los anotados de ahora en adelante, “pero inmediatamente exceptúa a las 93 familias que ya fueron seleccionadas el año pasado”.

Daca señaló que su bloque ya ofreció varias alternativas para corregir la situación, incluso con propuestas junto al otro bloque opositor. Sin embargo, los intentos de diálogo con el intendente fueron infructuosos. La edil advirtió que el municipio podría estar comprometiendo a las familias si avanza con la entrega de terrenos que aún no pertenecen oficialmente a la comuna: “Los vecinos van a estar pagando algo que ni siquiera sabemos si es realmente del municipio”, dijo.

La sesión especial del Concejo será una prueba para el proyecto, que en principio contaría con apoyo suficiente entre los concejales oficialistas.