Según explicó Iara, en 2023, durante la gestión del exintendente Julio Garro, la Municipalidad firmó un contrato formal con los puestos de flores, estableciendo múltiples cláusulas. Entre ellas, una de las más importantes: que los escaparates deben tener medidas reglamentarias de 5 metros por 2,15 metros. Para cumplir con esta normativa, varios puesteros invirtieron cerca de 5.000 dólares en estructuras nuevas, generando deudas significativas para cumplir con lo estipulado.

En ese marco sostienen que la actual gestión desconoce dicho contrato, alegando que fue celebrado en la gestión anterior, a pesar de que el acuerdo establece una duración de cuatro años con renovación automática. "El contrato es entre la Municipalidad de La Plata y los puesteros, no con un intendente específico", remarcó Iara, una de las damnificadas.

En busca de respuestas, la Asociación envió cartas y mensajes al intendente actual, al director del uso del espacio público y a Pablo Márquez, quien actualmente coordina el proyecto de renovación. Según relatan, sólo obtuvieron respuesta del director del uso del espacio público, quien luego de varios correos afirmó que "está por fuera del nuevo proyecto", desligándose de cualquier responsabilidad. 

El conflicto se agravó en las últimas horas cuando uno de los asociados, ubicado en calle 8 y 47, indicó que fue intimado por funcionarios municipales a retirar su puesto de manera inmediata, sin mediar diálogo previo ni notificación formal a la Asociación. Según denuncian, le exigen vender con un gazebo en una esquina, hasta que le instalen un nuevo escaparate más chico que el acordado en el contrato, lo cual no cumple con los requerimientos operativos del rubro.

Desde la Asociación comparan el trato recibido con el que tuvieron los puesteros de diarios, quienes fueron citados a reuniones formales con su sindicato antes de modificar sus puestos, y que recién debieron mudarse luego de tener los nuevos escaparates listos. "A nosotros nos están obligando a sacar nuestros puestos de un día para el otro, sin siquiera una reunión, sin respetar el contrato vigente, y sin alternativas laborales concretas", denunció Iara.

"Esto es una discriminación laboral clara. No se nos permite trabajar, se ignora a nuestra Asociación y se nos desconoce como interlocutores válidos", agregaron.

Los puesteros afectados reclaman que se respete el contrato vigente, se los convoque a una mesa de diálogo, y se frene cualquier intento de desalojo o reubicación forzada hasta tanto no se cumplan las condiciones acordadas en el marco legal.

El conflicto permanece abierto y podría derivar en medidas gremiales si no hay una pronta respuesta de las autoridades.