En rigor, la acusación de “negligencia por parte de la Asesora de Incapaces al no considerar el “interés superior de la niña ni aplicar perspectiva de género e infancia” es instruida por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata.

La denuncia fue formulada por el abogado penalista Darío Saldaño (foto) en representación de L.C., la mamá de la pequeña víctima. El caso apunta al manejo de un caso de comunicación, como se denomina en ese Fuero la relación judicial que se establece en el proceso entre víctima y acusado, por parte de la niña A y su padre J.B.D.R, sindicado por el delito de abuso sexual infantil.

En un raconto de la causa radicada en sede penal, Saldaño destacó a la Agencia de Noticias Fueros que “la madre denunció al padre de la niña por abuso sexual, lo que llevó a la suspensión del régimen de visitas”.

“Posteriormente, la causa penal fue archivada de manera provisoria debido a que la niña no estaba en condiciones de declarar”, explicó el letrado, destacando esa sensible situación, que suele producirse en los casos de vejámenes con víctimas menores de edad.

Según Saldaño, “la Asesora Scherman recomendó reanudar el régimen de visitas con el padre sin tomar en cuenta el archivo temporal de la causa y sin proponer medidas de protección para la menor”.

De allí que ante el fiscal Petit Bosnic, el abogado penalista acusó de “negligencia” a la Asesora Scherman por “no considerar el interés superior de la niña ni aplicar perspectiva de género e infancia”.

Asimismo, el letrado afirmó que Scherman “omitió realizar un análisis exhaustivo de los antecedentes y pruebas psicológicas”. Una acción decisiva para este tipo de contextos.

Para el representante legal de la madre de la víctima, también se pudo detectar por parte de la Asesora de Incapaces “falta de implementación de medidas preventivas para evitar riesgos de revictimización y garantizar la seguridad de la menor”.

De allí, que el expediente que tramita en el fuero criminal de La Plata ya cuenta con medidas de prueba solicitadas por la mamá denunciante. Allí se requirió la suspensión preventiva de la Asesora Scherman. Y en ese sentido, se exigió “la apertura de un proceso de enjuiciamiento que podría llevar a su destitución”.

El delito endilgado a la Asesora, precisamente, es el de “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Para ello, el penalista Saldaño se basó en la a Ley 13.661 de la Provincia de Buenos Aires, el Código Penal Argentino, y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belem do Pará.

Acompañando su presentación con abundante y sustanciosa documentación con antecedentes, doctrina y jurisprudencia, Saldaño enfatizó que “el eje principal de la denuncia es que las acciones de la Asesora, según la denunciante, expusieron a la menor a un posible peligro, contraviniendo sus derechos fundamentales y estándares internacionales de protección a la infancia”.