La causa tuvo su origen en mayo del corriente año, a partir de una denuncia realizada por una mujer, quien aseguró haber sido víctima de una estafa virtual por medio de una reconocida plataforma online.

El ardid sucedió cuando la damnificada efectuó la venta de su computadora y, momentos después, un supuesto comprador le envió un falso comprobante de pago, por lo cual jamás recibió el dinero acordado.

A partir de este hecho, la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo de Jorge Claudio Sica, encomendó a los efectivos de la División Antifraude de la PFA, la correspondiente investigación del caso para dar con el paradero de los responsables. 

La PFA realizó diversas tareas de campo y análisis de datos, estableciendo que tres sospechosos se encontraban alojados en el Complejo Penitenciario de Campana, cumpliendo condena por diversos delitos.

Se determinó que desde allí "compraban" desde la citada plataforma varios productos para el hogar. Sin embargo, tales adquisiciones no eran reales, puesto que utilizaban comprobantes apócrifos y se respaldadan en un perfil falso de un oficial de la Policía Bonaerense, con el objetivo de mostrar cierto grado de seguridad y ganarse la confianza de los clientes. Inclusive, mostraban la credencial de grado de ese efectivo.

Con el avance de las pesquisas, se comprobó que luego de concretar la compraventa de cada producto, enviaban al domicilio de la víctima un automóvil de aplicación para retirar el producto de la operación (para lo cual contaban con apoyo y logística desde fuera del penal). Una vez que el mismo arribaba al domicilio pautado, le enviaban al vendedor un comprobante de pago falso como constancia de la transferencia bancaria, logrando así que la víctima entregue el producto sin recibir el pago correspondiente.

La banda había concretado al menos 27 hechos delictivos.

Asimismo, los detectives establecieron la existencia de siete domicilios ubicados en las localidades bonaerenses de Pilar, Hurlingham y José León Suarez, desde donde se planificaban todas las actividades ilícitas.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Martín, a cargo deAlicia Vence, ordenó ocho allanamientos, que incluyeron a la Unidad Penitenciaria y otros siete domicilios.

La policía logró la detención de cinco mujeres y dos hombres y la afectación a la causa de dos masculinos mayores de edad que cumplían condena en dicho penal. Incautaron once celulares, cuatro televisores, cuatro notebooks, consolas de juegos, un aire acondicionado y demás documentación de interés.

Los detenidos, argentinos y mayores de edad, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por los delitos de  “Falsificación de documentos públicos y Estafa”.