El periodista Juan Pablo Ferrari y Miguel Tobar, hermano del sindicalista Iván Tobar, se denunciaron mutuamente en sede judicial, en el marco de un fuerte conflicto que mezcla acusaciones de extorsión, amenazas y supuestas campañas de difamación. El expediente quedó a cargo de la Fiscalía N°16 de La Plata, bajo la titularidad del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien deberá definir los pasos a seguir.

El caso cobró relevancia pública luego de que Ferrari, periodista del Diario Hoy y de Red 92, denunciara haber sido amenazado y hostigado por Tobar, lo que motivó que se le otorgara custodia policial. Según el comunicador, las agresiones comenzaron tras recibir mensajes intimidatorios el 14 de octubre, en los cuales —de acuerdo a su declaración— Tobar le advirtió: “Jugá vos al periodista que yo también voy a jugar y voy a poner plata en otro lado y te voy a escrachar”.

Ferrari sostuvo ante la Justicia que el intercambio posterior fue una reacción de defensa frente a esa amenaza inicial, negando cualquier intento de extorsión. En su presentación judicial, el periodista aseguró que Tobar buscó montar una “estrategia de difamación” en su contra, con el objetivo de perjudicar su imagen pública y profesional.

En paralelo, Miguel Tobar —con el patrocinio del abogado Damián Barbosa— formalizó una denuncia penal contra Ferrari por el delito de extorsión, contemplado en el artículo 168 del Código Penal. En su presentación, Tobar sostuvo que el periodista lo amenazó con difundir información falsa y con “armarle causas penales” si no le abonaba una presunta deuda de 100.000 pesos vinculada a espacios publicitarios de la UOCRA.

El denunciante adjuntó audios en los que Ferrari, según su versión, habría utilizado su rol periodístico para presionarlo. También incluyó copias de reportes radiales y publicaciones en las que el periodista relacionó a Tobar con delitos graves —entre ellos un robo armado y hechos de violencia en el marco de la interna de la UOCRA—, información que fue posteriormente desmentida por medios como la propia Red 92, que se deslindó oficialmente de los dichos de su empleado.

En su comunicado, la emisora expresó: “La Red 92 se deslinda de la información difundida por otros medios sobre Miguel Tobar. Nuestra emisora no tiene relación alguna con las versiones que circularon y que no fueron tratadas al aire ni publicadas por este medio”.

En tanto, Ferrari sostiene que las publicaciones y audios fueron manipulados y usados por Tobar para “impulsar una estrategia de victimización”. Según su descargo, incluso tras el conflicto, el sindicalista le habría enviado mensajes amistosos y videos reconociendo la difusión de los audios en grupos de WhatsApp.

El expediente, que incluye más de 60 archivos de audio, testimonios, transferencias bancarias y material fílmico, será analizado por la Fiscalía 16, que deberá determinar si existieron delitos de acción pública y si alguno de los involucrados incurrió en extorsión, amenazas o difamación mediática.

Mientras tanto, Juan Pablo Ferrari continúa con custodia policial, mientras que Tobar reiteró su pedido de que se investigue el presunto uso de medios de comunicación para presionar económicamente a terceros.

La causa, en la que también figuran efectivos policiales mencionados en los audios, se encuentra en etapa de análisis preliminar. Desde el entorno judicial aseguran que en los próximos días podrían ordenarse peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados y el contenido digital aportado por ambas partes.