Abogado de La Plata demanda a Patricia Bullrich por vincular a una familia venezolana con el “Tren de Aragua”
El abogado platense José Maurente presentó una demanda contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en representación de una familia venezolana que fue señalada públicamente como parte de una organización criminal, sin que hasta el momento se haya podido probar delito alguno.

El letrado defiende a Emmanuel David Urdaneta, carpintero y padre de familia residente en City Bell, que permanece detenido en el penal de Marcos Paz bajo régimen de máxima seguridad. Su esposa, que cursaba un embarazo avanzado, atravesó la prisión domiciliaria y dio a luz a su segunda hija sin la asistencia de su marido. Según Maurente, la mujer incluso debió ser trasladada al hospital por el propio abogado para poder parir.
La investigación judicial comenzó en 2023, vinculando a un primo lejano de Urdaneta, Guillermo Boscán Bracho, con un presunto caso de lavado de activos en Venezuela. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, Bullrich afirmó que se había “desbaratado una célula del Tren de Aragua”, relacionando a los Urdaneta con terrorismo, algo que no figura en ninguna de las pruebas recolectadas ni en los antecedentes judiciales de los acusados en Argentina o en su país de origen.
“Vamos a pedir que la ministra pida disculpas públicas, porque no tenía ninguna prueba para acusarlos de terrorismo y lo hizo. Hoy cualquiera busca sus apellidos en internet y aparece una acusación que nunca existió”, expresó Maurente.
El abogado advirtió que la familia, que llegó a La Plata huyendo de la crisis en Venezuela y trabaja como carpinteros y empleados de un supermercado, quedó estigmatizada por declaraciones que “no se condicen con la realidad judicial de la causa”.
Maurente también señaló que su defendido permanece 23 horas al día encerrado y que las solicitudes de excarcelación fueron rechazadas por la fiscalía, que según el letrado “se siente presionada por los dichos de la ministra”.
Además, denunció que en este proceso se vulneraron derechos fundamentales: la presunción de inocencia, la protección de la niñez y hasta podría configurarse violencia de género por la situación en la que atravesó el parto la madre de la familia.
El abogado ya se contactó con organizaciones de derechos humanos para avanzar en la denuncia y advirtió que continuará impulsando medidas para revertir la situación.