Las acusaciones, que comenzaron a circular por redes sociales y grupos de padres, apuntan directamente contra la conducción del colegio —a cargo de la directora Julieta Busternika— por "no tomar medidas ante reiterados casos de violencia y abuso entre alumnos" y por lo que describen como una política de silencio e inacción frente a hechos graves.

“Hace años que venimos denunciando a un alumno que entra drogado, consume en el aula delante de los docentes y muestra fotos con un arma. Nadie hace nada”, declaró una madre cuya hija cursa quinto año. 

Otras relataron situaciones de acoso sexual, manoseos, hostigamiento en los baños femeninos y una constante sensación de miedo entre las chicas para asistir a clases. "Vivimos con miedo de ir al colegio. Cuando pedimos ayuda, nos dicen ‘te vemos angustiada, pero no podemos hacer nada’", relató una estudiante en una carta que se viralizó.

Según testimonios, una alumna tuvo que abandonar la escuela tras ser acosada sistemáticamente, mientras que otras sufren persecuciones y amenazas sin que el gabinete psicopedagógico ni las autoridades brinden respuestas concretas. “La directora no nos recibe, y cuando lo hace repite que están ‘trabajando en el tema’, pero la realidad es que no hay cambios. No queremos que una tragedia tenga que ocurrir para que actúen”, lamentó otra madre.

Ante esta situación, madres y padres de alumnos de quinto año organizaron una marcha y escrache para este sábado a las 16:30 en la puerta de la institución, en reclamo de medidas urgentes, cambios en la conducción escolar y mayor presencia del Estado provincial y municipal. Aseguran que el colegio “encubre a acosadores y no garantiza la seguridad mínima”.

“Ya no se puede naturalizar esto. No es solo un problema de conducta. Es una cuestión de integridad física, psicológica y emocional. Hay chicos con miedo y chicas que no quieren volver a pisar la escuela. Y todo sigue igual”, enfatizó otra de las madres convocantes.

Las familias pidieron la intervención inmediata de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, y que se revise la actuación (o inacción) de los responsables del establecimiento. También exigieron mayor presencia de equipos de orientación escolar, protocolos de actuación ante hechos de violencia y el retiro del cargo de autoridades que, según sostienen, “miraron para otro lado mientras la violencia crecía dentro del colegio”.