Un oficial de la policia bonaerense, con el patrocinio legal del Dr. Guillermo Rodríguez, presentó un recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra una resolución dictada por el Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, mediante la cual se le impone una sanción expulsiva de cesantía por supuestas faltas disciplinarias. La AGAI está a cargo de Darío Ricardo Díaz quien quedó en el centro de la Polémica.

Lo que en apariencia podría tratarse de un procedimiento administrativo más, en realidad desnuda una problemática mucho más profunda: la discriminación sistemática hacia policías con afecciones de salud.

Según surge de la propia investigación sumarial, la resolución fue emitida sin tener en cuenta los informes médicos existentes, ni el contexto clínico que atravesaba el efectivo, quien se desempeñaba en tareas administrativas debido a su estado de salud, y destacando que al momento de los hechos no se encontraba en servicio.

Pese a ello, la administración avanzó con una sanción de carácter expulsivo, desoyendo los pedidos de intervención de una Junta Médica oficial que pudiera evaluar de forma imparcial la real condición del agente. Asimismo, se habría negado el reconocimiento de certificados e informes médicos particulares que acreditaban un cuadro clínico incompatible con el tipo de sanción aplicada.

El Dr. Rodríguez (foto), en representación del efectivo, remarcó que se trata de un grave acto de discriminación institucional que vulnera derechos fundamentales y garantías constitucionales, al sancionar a un trabajador del Estado por una situación vinculada a su estado salud.

“Estamos frente a una administración que no solo ignora los principios de razonabilidad y legalidad, sino que además castiga a quien atraviesa una enfermedad”, afirmó el letrado.

La defensa sostiene que la resolución impugnada refleja una política de desprecio y estigmatización hacia los policías con padecimientos de salud, en lugar de brindarles contención y asistencia. Según el planteo, el accionar del Ministerio de Seguridad y de la Auditoría General de Asuntos Internos configura un proceder arbitrario, contrario a las normas que protegen los derechos laborales y humanos de los agentes públicos.

El Dr. Rodríguez confirmó que, de ser necesario, se formularan las denuncias penales correspondientes, contra las autoridades responsables, entre ellas el Auditor General de Asuntos Internos y el propio Ministro de Seguridad provincial en caso de convalidar la sanción impuesta.

El caso, que ya genera repercusiones en distintos ámbitos, pone en evidencia una alarmante falta de sensibilidad institucional frente a los efectivos que enfrentan situaciones de salud delicadas, y abre el debate sobre cómo el Estado provincial aborda los derechos y la protección de sus trabajadores.

Diversas voces del ámbito jurídico y social advierten que la política de sancionar en lugar de asistir podría configurar una práctica discriminatoria de carácter estructural, incompatible con los estándares de derechos humanos y con los deberes de tutela que el propio Estado debe garantizar.