El episodio ocurrió en la casa ubicada en el barrio Castagnino, en mayo de 2024, ahora jueces de la Cámara de Apelación y Garantías sostuvieron que el hecho debe analizarse con “perspectiva de género” y le otorgaron la domiciliaria.

El defensor de la mujer había planteado que "se diagnosticó en la imputada un trastorno por estrés postraumático (TEPT) crónico producto de situaciones de violencia de género sufridas en su historia personal, lo que generó secuelas clínicas como trastornos de ansiedad y disfunciones psicosomáticas graves, que se ven exacerbadas por el encierro carcelario, constituyendo un entorno claramente revictimizante e inadecuado para su tratamiento".

Además, los jueces rechazaron las objeciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal al considerar que están contrarrestadas con el sistema de monitoreo y la convergente intervención del Patronato de Liberados que corresponda.

Por otro lado, se supo que el juez deberá fijar las reglas de conducta a cumplir, implementar el monitoreo electrónico y la intervención del Patronato de Liberados y llevar adelante los tratamientos psicoterapéuticos de la imputada.