La Cámara de Diputados ya hizo siete reuniones de comisiones para tratar la iniciativa propiciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero no se pudo avanzar con esta propuesta considerada "clave" por el Gobierno por la falta de consenso, al ser un tema divide las aguas en el Congreso.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), anunció que en la Asamblea Legislativa de apertura de las sesiones ordinarias "se presentará el cronograma de trabajo y tratamiento del proyecto para 2025" con el objetivo de avanzar en la aprobación de un régimen que "pondrá fin a la impunidad".

"No podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican. El nuevo régimen penal juvenil es una prioridad para ponerle fin a la impunidad", agregó a través de un comunicado.

La legisladora del PRO dijo que "se trata de darles a las víctimas la justicia que merecen y a los jóvenes una oportunidad de resocialización, pero con un mensaje claro: el que comete un delito debe pagar por ello".

El Gobierno giró el pasado 26 de julio un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

Fuentes legislativas señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que la intención de LLA y el PRO es armar un nuevo esquema de trabajo en la próxima semana para tener dictamen de comisión, al considerar esencial a esa ley luego del asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata.

Para lograr ese objetivo, el oficialismo deberá construir una mayoría para tener mayoría en las cuatro comisiones en que se trata el tema, y lo mismo para su sanción en el recinto.

El Régimen Penal Juvenil no solo propone penas de prisión, sino también sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras.

Este régimen se apoya en un sistema de resocialización que incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.

Además, se creará la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.

De todos modos esto no reemplaza ni atenúa la necesidad de que cada infractor cumpla con la pena correspondiente por el delito cometido.

El Gobierno Nacional busca acelerar el tratamiento y posterior sanción de la baja en la edad de imputabilidad a raíz del asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata, en manos de dos adolescentes de 14 y 17 años.

Ambos están acusados del delito de homicidio en ocasión de robo, por sustraer un vehículo, arrojar a la niña por la ventanilla y arrastrarla durante 15 cuadras, lo que provocó su muerte.