Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo -que celebró este miércoles la medida-, había asegurado que las prepagas le estaban "declarando la guerra a la clase media" con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer "todo lo que esté al alcance" para defender a ese sector de la población.  

En este contexto, el Gobierno pidió a la Justicia que frene los aumentos de las cuotas de las compañías de medicina privada y de hospitales de comunidad, tras haber acusado de "cartelización" a esas empresas. La presentación se realizó en el fuero Civil y Comercial Federal y fue sorteado el Juzgado N° 9 para encargarse del asunto.
 

Este miércoles, la Secretaría de Industria y Comercio informó que dictó una "medida de tutela anticipada" que obliga a un grupo de empresas de medicina prepaga -que representa el 75% de los afiliados- a reajustar a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud a diciembre del año pasado, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
 

Según la información oficial, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó, de forma preliminar, que "existen indicios sólidos de un acuerdo colusivo entre las empresas de medicina prepaga".
 

De todos modos, la propia administración libertaria indicó en el transcurso de la jornada que los usuarios no iban a recuperar lo pagado en exceso durante los primeros meses del año. "La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio", aclararon desde la dependencia a cargo de Pablo Levigne.

Sin embargo, el propio Gobierno recurrió a la Justicia en función de que sus anuncios se puedan concretar. Más temprano, Adorni había dicho que la Superintendencia de Salud iba a interponer una medida cautelar para obligar a las empresas a "devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre".

El portavoz del presidente Javier Milei señaló este miércoles que "por disposición del Ministerio de Economía un grupo de empresas de medicina privada, que representa casi el 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023", ajustando por inflación a partir de allí.
  

El vocero explicó que las empresas deberán aplicar como máximo el índice IPC por los próximos seis meses. "Es el resultado de tutela anticipada de una denuncia por presunta cartelización", señaló, y advirtió que el Gobierno "no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista".