Plata en caja fuerte de la Comisaria Primera: La investigación está floja de papeles 

Jueces de Cámara beneficiaron a los acusados con la eximición de prisión y cuestionaron la instrucción del fiscal. ¿Dónde está el delito en tener dinero en una caja fuerte? ¿Lucha contra las mafias o puesta en escena? A 10 meses del caso que llegó a los medios nacionales no hay nadie detenido.

Horas atrás y en la que fue una resolución dividida los jueces que integran la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata resolvieron hacer lugar a los planteos de los abogados defensores de los hoy agentes policiales desplazados por Asuntos Internos. De este modo María Veronica Conte, Cristian Alejandro Maciel, Diego Ismael Martínez, Sebastián Correa, Hugo Javier Díaz y Pablo Fernando Orgoñez no serán detenidos. A 10 meses de la intervención en la dependencia policial más importante de la provincia de Buenos Aires el expediente está “flojo de pruebas”. 

Los camaristas Alejandro Villordo, Laura Lasaga y Sergio Almedia dispusieron con una disidencia en minoría hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación presentados por los letrados defensores Marcelo Peña, César Albarracín, Jorge Fernández, Raúl Mansilla, Germán Oviedo y Ariel Door  y , así se revocó la decisión del juez Guillermo Atencio (Garantías 1) quien no había hecho lugar a los planteos a favor de los policías imputados 10 meses atrás por presuntas irregularidades en el cobro y pago de horas extra en la Comisaria Primera de La Plata. 

En el fallo los magistrados entienden que la acusación para cada uno de los presuntos implicados no queda clara en cuanto a la división de roles (si es que los hubo) y señalan la inexistencia de un encuadre legal fáctico. De este modo el fiscal deberá encuadras los supuestos ilícitos con pruebas concretas siendo esa su función y no la del órgano revisor (Cámara de Apelaciones y Garantías). 

En esa línea los jueces entendieron que no queda claro quienes y cómo han incurrido los imputados en los delitos de peculado, administración fraudulenta y/o falsificación de documento público. 

“De haber habido serias irregularidades tal y como lo planteó Asuntos Internos las pruebas serían más contundentes y el riesgo de fuga o de entorpecimiento estrían vigentes. De tener este escenario estaríamos hablando de una detención segura para los ex policías pero nada de eso se da en esta investigación”, indicó un vocero judicial con acceso a la causa. 

En el fallo al que accedió este medio se remite el expediente a que regrese al juzgado de Garantías para que luego el fiscal Marcelo Martini (UFI 3) evalué si toma nuevas medidas de prueba y robustece de ese modo la acusación. Otro escenario posible es el desistimiento aunque esta opción se ve prácticamente inviable en vistas de que el caso es seguido con interés por el gobierno Ejecutivo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. 

“Encontrar plata en una caja fuerte no es un delito, acá lo que no se ha podido probar es el origen de los fondos y el posible destino, hasta tanto eso no se tenga en claro la acusación no debería prosperar”, indicó una calificada fuente judicial. 

 

El caso

 

Asuntos Internos realizó una auditoria en la Comisaria Primera el pasado 1 de septiembre y a partir de allí le dio conocimiento al fiscal Martini de la existencia de presuntas irregularidades en el pago de horas adicionales, si bien el fiscal luego pidió secuestrar la plata tardó más de tres meses en realizar una imputación formal para los 7 policías que fueron pasados a disponibilidad. 

El ministro de Seguridad Cristian Ritondo dispuso por medio de un decreto intervenir la Comisaría más importante de La Plata que tuvo entonces al ahora Jefe Departamental de La Plata Comisario Inspector Javier Martínez (Procedente de Berazategui) en reemplazo de Pablo Fernando Orgoñez. Fuentes cercanas a los policías desplazados habían manifestado que apelarían tanto en la vía penal como en la administrativa y sostienen hasta el día de hoy que cada peso está justificado: “De hecho existió una clara retención indebida de fondos por parte de los auditores que provocó la demora en los pagos a más de 60 uniformados”, indicaron ante este medio. 

Además señalaron que el policía al que A.I  sindicó como inactivo en adicionales durante los últimos ocho años, estuvo en funciones hasta 2017 y se presentó a declarar en la causa haciendo dicho descargo, esa versión que va a contramano de lo que indica el ministerio  de Seguridad en su investigación administrativa.

Los agentes María Verónica Conte y Cristian Alejandro Maciel eran los encargados desde el 7 de julio de 2017 de las horas POLAD y ellos deberán justificar las presuntas firmas apócrifas en planillas en las que no se vio la intervención del ex Comisario Orgoñez.

Cabe señalara que el dinero secuestrado no fue anexado como efecto a la causa penal (Por ende no puede ser empleado como prueba), sino que se utilizó para pagarle a los policías a los que se les debía el servicio adicional, situación que deja en claro que los fondos no eran de procedencia ilegal como sí lo son en la llamada “causa de los sobres” que tiene al ex jefe departamental de La Plata Darío Camerini y otros ex comisarios presos a la espera del juicio oral y público. 

Por su parte Guillermo Berra, titular de Asuntos Internos sostiene la acusación y mantiene su posición en la cual defiende el hecho de que “las irregularidades fueron variadas y graves”. Para el funcionario hay motivos claros mediante los cuales se tomó la decisión de desplazar a los 7 efectivos que aún aguardan por el esclarecimiento del caso.

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