Suspendieron al juez luís Federico Arias 

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  • 02 de noviembre 2017 - 19:49

Fue por 10 votos a 0. Ahora quedó fuera de sus funciones al menos por 90 días y en condiciones de presentarse en indagatoria ante el pedido que le hizo el fiscal titular de la UFI 6 de La Plata Marcelo Carlos Romero. Entre las acusaciones que se le endilgan hay intervenciones sobre el fuero penal frenando el traslado de detenidos y actuando en un desalojo provocando así llamados de atención de la Corte bonaerense. 

Este jueves el jurado que conforma la Comisión Bicameral de Enjuiciamientos de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires votó por unanimidad la suspensión del Titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata al rechazar todos los planteos esgrimidos por Luis Federico Arias en su escrito defensista. Entre las quejas desestimadas se destacó el planteo del principio “non bis in ídem”, Arias señalaba que ya había superado al menos dos juicios políticos y que un tercero violaba una garantía del derecho universal. 

Pese a esto sobre Arias se sostienen 21 cargos entre los cuáles están las intervenciones en en el fuero penal en casos como la inundación de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires o en el traslado de detenidos que estaban a disposición de jueces de Garantías. 

En el resolutorio al que accedió este medio también se ordena el embargo del 40 %del sueldo de Arias hasta que el jurado se expida de fondo. Cabe señalar que los legisladores votantes son senadores y diputados bonaerenses que culminarán sus mandatos en diciembre, tras esto se sorteará una nueva integración de para el año 2017 que decidirá sobre la cuestión de fondo. 

Arias ya fue notificado de que no podrá estar al frente de su juzgado a partir de este viernes 3 de noviembre. Un juez subrogante designado por la Suprema Corte lo reemplazará. 

 

Algunas acusaciones 

 

El fiscal de instrucción Marcelo Carlos Romero, titular de la UFIJ 6 de La Plata, impulsó una imputación contra Arias luego de la inundación de los días 2 y 3 de abril de 2013, que hasta el momento tiene acreditadas 89 víctimas fatales. Ese número es oficial hasta hoy y se llegó al mismo a través de la investigación que elaboró el JUCA 1 de La Plata, que fue a contramano de lo que la justicia penal promovía. Incluso el fiscal Jorge Paolini daba cifras oficiales que iban en igual sentido a las ofrecidas por el gobierno de Daniel Scioli (52). Arias mediante una resolución le pidió a Paolini que se abstenga de dar número concretos de fallecidos, ya que la instrucción no estaba cerrada. A sabiendas de esto el poder penal contraatacó a Arias. El juez Federico Atencio planteó que la resolución de Arias era ilegal y promovió una acusación junto a Romero ante la Suprema Corte de justicia. Ese expediente fue girado a la Procuración que en ese entonces encabezaba María del Carmen Falbo. “Pochi” hizo lugar al planteo de los funcionarios penales y mandó la causa a la UFIJ 6. Tras esto, Romero pidió ante la Corte que decida si se archivaba el caso, si se suspendía a Arias o si se iniciaba un proceso de jury. Según Romero, “hay elementos suficientes para sostener que Arias incurrió en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

Pese a esta acusación, fue la misma Corte la que ratificó la competencia de Arias en la investigación por la tragedia de abril de 2013. Contradicciones del sistema. Sin su cargo Arias deberá comparecer ante Romero quien deberá fijar fecha de audiencia para citar a declarar a tenor del articulo 308(indagatoria) a Arias. 

Cabe señalar que Arias se autodenunció a fin de evitar la escalada mediática pero no lo dejaron. En ese entonces los arietes sciolistas Alberto De Fazio y el ahora Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino decidieron no continuar con la acusación contra el titular del JUCA 1 que habían promovido por incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

La Procuradora Falbo preparó antes de irse una denuncia contra Arias por irregularidades (supuestas) luego de que el Magistrado ordenó atención médica para un detenido que había sufrido un ataque con una itaca en una de sus piernas y a quien por medio de una orden de un juez le negaron el traslado a un hospital público.

Para Falbo el pronunciamiento de Arias fue tomado como una intromisión y redactó lo que para ella fue una clara falta aunque no firmó dicha denuncia. Otra de las acusaciones que se gestó por escrito fue contra Soledad Escobar, la Amicus Curiae en la causa por la inundación. Para la exprocuradora “no era procedente su intervención”.

Pese a que Arias se autodenunció y que por cada acusación debe haber un jurado diferente, no se ha conformado otro cuerpo de legisladores y letrados aparte del que existe y todo se unificó en un mismo trámite: “Ni siquiera me dejaron dar de baja a mi propia denuncia”, explicó Arias ante la consulta de este medio.

La intervención en una causa por el desalojo de trabajadores de tierras privadas en Abasto también obra entre las 21 causantes de destitución que se trataron este jueves. El escrito oficial que se firmó tras la votación consta de 241 páginas, el mismo será girado a la Corte bonaerense y a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.

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